Como informa Loyra Abogados el periodo de statu quo en la tramitación europea del Proyecto de Real Decreto que modifica el RD 1614/2011, relativo a licencias, autorizaciones y registros del juego, se ha ampliado hasta el 20 de febrero de 2026. La prórroga se produce tras la emisión de un dictamen razonado por parte de Malta en el marco del procedimiento TRIS.
La ampliación responde a objeciones formales del regulador maltés sobre dos requisitos operativos ya existentes en la normativa española: la exigencia de un representante permanente a efectos de notificaciones y la obligación de contar con garantías financieras emitidas por entidades autorizadas en España. Malta sostiene que estas exigencias podrían vulnerar el principio de libre prestación de servicios, reiterando argumentos que ya formuló en 2011 contra la regulación original.
Desde la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) se ha remitido ya una respuesta formal en el sistema TRIS, defendiendo que las medidas cuestionadas no constituyen novedades regulatorias, sino requisitos plenamente consolidados en el ordenamiento jurídico español desde hace más de una década. El regulador español subraya que estas obligaciones son necesarias para garantizar la protección de los intereses públicos, la supervisión efectiva del sector y el mantenimiento del orden público.
La prórroga del statu quo retrasa la entrada en vigor del proyecto normativo, en un contexto de especial atención del sector a la futura implantación de los límites conjuntos de depósito y al encaje de la regulación española en el marco comunitario.
